Francisco Villacorta Baños.
Historiador CCHS, CSIC.
Podríamos tener la tentación de pensar, siguiendo la estela conmemorativa del
bicentenario, que también todo lo tocante a las modernas profesiones comenzó a
fraguarse en Cádiz en 1812. En propiedad, existe lo que es nombrado y las
acepciones más arriba transcritas tienen una muy antigua genealogía conceptual
en el verbo latino profiteri que les proporciona algunos de los matices todavía
hoy presentes en el moderno concepto de profesión: el matiz religioso (pronunciamiento
que se hace al entrar en una orden religiosa de dedicarse por entero a ella y a
sus reglas) y el matiz utilitario (sacar provecho de una dedicación como profesor
de ella). En algún caso, a estas caracterizaciones etimológicas generales se le
añade otra, también antigua, de tipo históricosocial: las profesiones
formalizan básicamente el conocimiento científico
de la dedicación a lo sagrado, al derecho y a la
medicina y, ocasionalmente, también a la milicia.
El otro puntal básico de nuestro conocimiento al
respecto lo pone, en efecto, la historia en lo que atañe a su relación con el
trabajo en general, a su jerarquización histórica y al desarrollo de los grupos
socioprofesionales.
El ejercicio del trabajo en el Antiguo Régimen –por
no remontarnos más allá- se asentó sobre las corporaciones gremiales que
conformaban un régimen, por llamarlo de alguna manera, amortizado del trabajo.
Se trataba de corporaciones de encuadramiento privilegiado, generalmente bajo patrocinio
eclesiástico, que fijaban los monopolios de cada actividad, velaban por las
normas de su ejercicio y establecían los procedimientos de acceso y, en
consecuencia, del número de ejercientes. De carácter local en un principio, las
monarquías terminaron por lo general amparándose de ellas, especialmente en
España desde los Reyes Católicos, a fin de expandir los mecanismos de control
en manos de su naciente cuerpo político estatal.
De entre ellos, las cofradías de las profesiones
científicas fueron convirtiéndose en una suerte de aristocracia gremial, frente
a los oficios y comenzaron a recibir una especial protección, bien como ‘cuerpos
de estado’, bien como expertos en las artes liberales o mecánicas de formación
superior. En algún caso comenzaron además a autoorganizarse en congregaciones o
colegios voluntarios a la búsqueda de un mayor protagonismo en la gestión del régimen
de privilegios vinculados a su respectivo estatuto.
Antecedentes históricos
Por mucho que ya en el siglo XVIII el sistema
gremial se encontrase en franca decadencia en casi todas partes continuaba
siendo el mecanismo normativo ordinario de acceso a las profesiones y oficios.
Y por ello, no resulta extraño que la libertad de trabajo se alinease desde el
primer momento en el programa de los revolucionarios franceses hasta producir
el gran viraje histórico en este terreno con la ley Le Chapelier de 14 de junio
de 1791 y, a partir de este precedente,
en los proyectos de transformación liberal a lo ancho de casi toda Europa. En España
formó parte desde el principio del programa de los liberales y así, en efecto,
quedó establecido con carácter general por derivación de las disposiciones
constitucionales de 1812 en el decreto de Cortes de 8 de junio de 1813 y, a
partir de ahí, en las ulteriores normas constitucionales.
Por lo que respecta al ejercicio de las viejas
actividades de tradición colegial, un decreto de Cortes de 8 de junio de 1823
durante la segunda etapa de vigencia del constitucionalismo gaditano, restablecido
por otro de 20 de julio de 1837, tras el paréntesis de la Década Ominosa,
estableció el libre ejercicio de las profesiones científicas sin necesidad de
adscribirse a ninguna corporación o colegio particular y sólo con la obligación
de presentar sus títulos a la respectiva autoridad local.
Pero sería un error minusvalorar en el caso de
las profesiones la solidez de las tradiciones recibidas ni en su dimensión
social, ni en la organizativa.
Lo mismo que sucedió en la Francia napoleónica,
donde algunas profesiones, muy en especial las de la organización judicial y del notariado, tan
decisivas tras las jornadas revolucionarias del terror, recuperaron pronto sus
antiguas entidades de organización y disciplina. También en España ese mismo
peso histórico terminó siendo determinante. Los abogados resultaron también
aquí un grupo adelantado en la regulación profesional moderna al refrendarles oficialmente,
desde la temprana fecha de 1838, sus viejos organismos
de agrupación corporativa, los colegios, en
régimen preceptivo en la práctica, en contra de lo decretado con carácter
general un año antes.
No será un logro definitivo hasta 1844 pero sus
oscilaciones indicarán también las principales líneas de fricción en la
concepción social e institucional de la moderna profesión, y no solo entre los
abogados.
Función social
La evolución ulterior de las profesiones científicas
–y más adelante las concepciones básicas de la llamada sociología de las
profesiones serán deudoras de todo el múltiple anclaje que conformaban una ética
de ‘ministerio público’, una función social organizada de manera más o menos
monopolística y unas tradiciones históricas de considerable peso. Hay en este
sentido dos modelos ya consagrados de organización profesional histórica: el
modelo de corporación pública, de cuerpo al servicio del Estado moderno, y el modelo
de agrupación profesional teóricamente libre, aunque beneficiada por el Estado
de ciertas prerrogativas de autogobierno y representación relacionados con sus actividades
profesionales. Sobre ambos, que a grandes rasgos se supone recogen las
tradiciones latina y germánica del corporativismo gremial de los siglos pasados
se van a desplegar los modelos institucionales de organización
científico-profesional a partir del siglo XIX: el del alto cuerpo estatal
derivado directamente de los cuadros jurídicos y militares del Estado moderno
(los cuerpos facultativos y de ingenieros civiles y militares serían sus
principales testimonios) y el del moderno profesionalismo liberal, el más
característico de los nuevos tiempos; un modelo, que no por inscribirse en una
cultura de servicio público de gestión privada excluyera las prerrogativas
propias de su relevante papel histórico. En la práctica, tales desafíos se
plasmarán a través de la adquisición de un estatuto público corporativo y
honorífico en el múltiple marco de la sociedad, el mercado y el Estado por
mediación del espacio científico que a cada profesión le era propio.
Profesión colegiada
La colegiación fue su apuesta más visible, un
marco de significación múltiple: emblema de identidad corporativa, espacio de
agregación y de disciplina, depósito de una ética pública del trabajo científico,
mecanismo de representación y de influencia pública, de gestión inmediata en
algunos casos de los intereses y las obligaciones fiscales.
Fue, por su alta significación en todo ello, el
espejo cristalino de los conflictos y tensiones en torno al desenvolvimiento de
las profesiones en aquel múltiple marco señalado.
Paradigmático a este respecto ha de ser en
España el debate sobre los decretos de colegiación obligatoria de las clases
sanitarias de 1898; paradigmático, porque en él accedió a la luz pública el
conjunto de disyuntivas a que los profesionales se veían confrontados en su
articulación en esos marcos: los modelos profesionales, los espacios de
ejercicio, la capitalización/asalarización profesional, los valores deontológicos.
Si la obligatoriedad se frustró en esta ocasión, terminó recuperándose a partir
de 1917, en un momento en que la propia evolución de las sociedades liberales, vertebrándose
cada vez con más fuerza en el cuerpo social más bien que en el individuo, lo
impuso como una exigencia de interrelación social.
En definitiva, las profesiones organizadas lo
son dentro de un marco de interacción social múltiple y las sociedades de esa
etapa de liberalismo tardío evolucionaban ya —no sin episodios traumáticos, por
supuesto— hacia unos modelos de gestión consensual de los asuntos públicos, lo
que los sociólogos y politólogos han dado en llamar modelos pluralistas o, más
modernamente, modelos neocorporativistas, modelos de consenso poliédrico, en los
que se han reanudado múltiples lazos entre sociedad y Estado.
Así pues, si no todo comenzó en Cádiz en 1812,
bien se puede decir que abrió un nuevo cauce, el de la sociedad liberal, por el
que comenzó a circular desde entonces un caudal muy antiguo.
El Comunicador Sociales: promueven el cambio social, la resolución de
problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del
pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre
comportamiento humano y los sistemas sociales, se interviene en los puntos en
los que las personas interactúan con su entorno.
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